La gran desregulación de la UE

La publicación por parte de la Comisión Europea de su propuesta Ómnibus que revisa las leyes clave de sostenibilidad practicada por las empresas envía una clara señal política: la presidenta Ursula von der Leyen está restando prioridad a los derechos humanos, los derechos de las personas trabajadoras y las protecciones medioambientales en aras de una peligrosa desregulación. El Consejo y el Parlamento deben demostrar urgentemente su liderazgo bloqueando esta perjudicial propuesta, ya que pone en peligro los propios objetivos de estas leyes y socava no solo el compromiso de la UE con sus ambiciones ecológicas y la protección de los derechos humanos, sino también su credibilidad de legislar de forma fiable.

La propuesta Ómnibus afecta a leyes históricas aprobadas en el marco del Pacto Verde de la UE, incluida la Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de taxonomía. Estas leyes exigen prácticas empresariales responsables, introducen la rendición de cuentas para las empresas que violan los derechos humanos y dañan el medioambiente, y proporcionan acceso a la justicia para las víctimas. También tienen por objeto mejorar la transparencia en los informes de sostenibilidad y ayudar a orientar la inversión sostenible. Todo ello es esencial para que la UE alcance su objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050.

Cuando la presidenta Ursula von der Leyen anunció a finales del año pasado una propuesta Ómnibus para simplificar los requisitos de presentación de informes y de garantizar la sostenibilidad por parte de las empresas, se comprometió a defender plenamente el espíritu y el "contenido de la ley", y afirmó que el objetivo del ejercicio era reducir las obligaciones superpuestas. La propuesta publicada el 26 de febrero representa un claro alejamiento de esta promesa y, si se aplica, acabará con el propósito central de estas leyes.

La propuesta Ómnibus eliminaría muchas de las disposiciones clave de la CSDDD, dejándola prácticamente sin efecto. También retrasaría un año la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembro de la UE. Si se implementa, en la práctica esto podría dar como resultado lo siguiente:

• La responsabilidad civil ya no será obligatoria, sino que quedará en manos de la discreción de los Estados miembro de la UE, lo que limitará el acceso a la justicia ante los tribunales de la UE. Se eliminarán las acciones representativas, lo que significa que las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y las instituciones de derechos humanos perderían capacidad de representar a las víctimas ante los tribunales. Por último, la eliminación de la disposición obligatoria primordial podría obligar a los tribunales de la UE a aplicar las leyes del país donde se produjo el daño en lugar de la legislación nacional, lo que socavaría la eficacia de la disposición de responsabilidad civil.

• Las empresas solo estarán obligadas a evaluar los daños atribuibles a los socios comerciales directos, lo que reduce drásticamente la supervisión en toda la cadena de suministro. Se afirma además que, si la empresa tiene "información plausible" de los impactos de socios indirectos, debe abordarlos. Sin embargo, dicho concepto depende en gran medida de la interpretación.

• Ya no existe la obligación de "poner [...] en práctica" los Planes de Transición Climática, lo que introduciría una peligrosa laguna jurídica que permitiría a las empresas cumplir con la disposición, simplemente elaborando un plan sobre el papel, en lugar de ponerlo en práctica.

• Los Estados miembro de la UE ya no podrían establecer normas más ambiciosas que la Directiva en lo que respecta a la identificación, prevención y mitigación de los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente y el establecimiento de un mecanismo de reclamación y notificación.

• Las empresas ya no tendrán que rescindir contratos (incluso en casos en los que sea posible o probable que continúen los abusos).

• La participación de las partes interesadas se reducirá a las "directamente" afectadas, lo que significa que los grupos de consumidores, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales quedan excluidos de esa definición. Además, ya no se requiere la consulta con las partes interesadas "pertinentes" para la desvinculación de las operaciones comerciales o el seguimiento.

• La frecuencia de seguimiento de la eficacia de las medidas de diligencia debida se reduce de cada año a cada cinco años, o cuando "las medidas ya no sean adecuadas o eficaces". Esta disposición corre el riesgo de hacer que el ejercicio de diligencia debida sea en gran medida ineficaz.

• La eliminación del límite mínimo de sanciones del 5 % del volumen de negocios, que puede dar lugar a sanciones más bajas y simbólicas y desencadenar una carrera a la baja entre los Estados miembro.

• La Comisión ya no está obligada a examinar la necesidad de aplicar normas de diligencia debida a los servicios financieros y las actividades de inversión en una futura revisión de la ley.

Además, la propuesta Ómnibus prevé cambios sustanciales en la CSRD, que ya ha sido transpuesta por la mayoría de los Estados miembro de la UE. En consecuencia, la propuesta de posponer la aplicación de la CSRD por dos años para ciertas empresas (segunda y tercera ola) crea incertidumbre para aquellas que ya han comenzado a prepararse para la implementación. Además, la Comisión propone reducir drásticamente el alcance, excluyendo aproximadamente al 80 % de las empresas de las obligaciones de presentación de informes de sostenibilidad sin proporcionarles un estándar proporcionado. Esto reducirá significativamente la disponibilidad y fiabilidad de los datos de sostenibilidad. Por último, es preocupante cómo la Comisión propone limitar las solicitudes de datos de las empresas muy grandes a sus proveedores grandes y medianos.

La sostenibilidad y la rendición de cuentas empresarial son esenciales para que los países europeos avancen hacia una economía que funcione para las personas y el planeta, así como para atraer inversiones sostenibles y a largo plazo. Estas leyes tienen el potencial de promover cadenas de suministro más resilientes y brindar claridad jurídica y estabilidad para todas las partes interesadas. Es miope quitarle el motor al vehículo que puede ayudar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades existentes en materia de derechos humanos.

En la última década, la UE ha introducido una serie de obligaciones de presentación de informes. Si fuera necesario lograr más cohesión, planificación y orientación sobre cómo implementar estas obligaciones, se debería lograr mediante el mapeo de las obligaciones existentes y futuras, la emisión de directrices interpretativas y de implementación y la revisión de la eficacia de estas leyes según lo previsto en las cláusulas de revisión existentes. Crear más confusión, incertidumbre y costes al cambiar el texto de estas leyes no es la respuesta.

Por lo tanto, instamos al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, con carácter de urgencia, a garantizar que en las próximas negociaciones legislativas se revise la propuesta Ómnibus para asegurar que se rechacen todas las enmiendas relacionadas con la CSDDD. Cualquier debate sobre la CSDDD debería limitarse estrictamente a medidas interpretativas, como orientaciones y actos delegados, y el texto de la ley en sí no debería estar sujeto a ninguna revisión. En cuanto a la CDRD, el Parlamento Europeo y el Consejo deberían reducir los umbrales de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación y dar a las empresas de tamaño medio un estándar proporcionado. Se deberían replantear las limitaciones.

El mundo está pendiente de Europa en busca de orientación y estabilidad. La UE tiene la oportunidad de mantenerse firme en sus ambiciones ecológicas y sus compromisos en materia de derechos humanos protegiendo estas leyes esenciales de sostenibilidad y reconociendo que la promoción de prácticas empresariales sostenibles fomentará en última instancia un entorno más estable que dará a la UE una ventaja ahora y a largo plazo.

Antecedentes:

La propuesta Ómnibus se publicó tras un proceso apresurado y opaco. A principios de este mes, la Comisión organizó una mesa redonda a puertas cerradas de dos días con un pequeño grupo de partes interesadas cuidadosamente seleccionado. En la consulta, representantes de las empresas superaron en número con creces a los sindicatos y las ONG presentes. Este breve plazo, combinado con una consulta entre servicios que duró apenas 24 horas durante el fin de semana, no se ajusta a las propias Directrices para una mejor regulación de la Comisión. La propuesta Ómnibus se publica en medio de innumerables partes interesadas que expresan públicamente sus preocupaciones sobre su posible impacto. El mes pasado, 170 organizaciones que representan a los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, los sindicatos y los activistas climáticos condenaron conjuntamente el proyecto de ley Ómnibus. Muchas otras voces destacadas de una amplia variedad de sectores también se opusieron públicamente a la propuesta, como lo demuestra la avalancha de declaraciones públicas y cartas enviadas a la Comisión Europea en las últimas semanas: de organizaciones de la sociedad civil en Europa y en el Sur Global, sindicatos, grandes empresas y asociaciones empresariales, inversores responsables, economistas e investigadores, profesionales del derecho y de la sostenibilidad, y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.