Escuchar a las comunidades afectadas por las actuaciones empresariales irresponsables
Esta mañana hemos escuchado la voz de tres mujeres de las comunidades afectadas por la minería en América Latina. Han participado en la jornada «Hacia una ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales», celebrada en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la USAL.
Los testimonios proceden de las comunidades brasileñas de Brumadinho y Piquiá de Baixo así como del departamento de Putumayo de Colombia. Todas ellas presentan realidades de muerte de personas trabajadoras en las minas; destrucción del hábitat de las comunidades produciendo hambre, enfermedad y muerte; contaminación y pérdida de biodiversidad, impunidad ante la violación de derechos humanos.
Insisten en tres puntos que deberían ser considerados en las leyes de responsabilidad empresarial en derechos humanos y ambientales a nivel internacional. Destacando la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades, no es justo que la carga de la prueba recaiga sobre estas últimas, que cuentan con menores recursos y que soportan las víctimas.
Los Estados dificultan el diálogo con las comunidades y ocultan los acuerdos previos con las empresas. Las empresas producen fractura del tejido social interviniendo también en los aparatos judiciales. Así se vulnera el consentimiento libre, informado y participativo del Convenio 169, de la OIT. En los distintos testimonios exponen que el diseño de la reparación de las empresas, cuando lo hay, no es compatible con las necesidades de las comunidades porque no son invitadas a participar en los acuerdos, al tiempo que realizan obras de infraestructura que benefician a las multinacionales o se utilizan guías ambientales propias, sin considerar la existencia de normas municipales en las fases exploratorias de la actividad empresarial.
Por último, indican que es importante considerar a todas las empresas de la cadena de valor no solo a las grandes empresas. Por ello, abogan por leyes internacionales vinculantes de derechos humanos y ambientales, como el Tratado de la ONU, ya que sus gobiernos entregan recursos naturales a través de leyes laxas.
Sabemos que desde la denuncia a la ley hay un trayecto como recuerda Isidor Boix, sindicalista, presente en la Jornada. El trayecto es la organización y la acción colectiva. Lo que nos advierte la experiencia de las comunidades de América Latina es la criminalización de su acción colectiva, que además de acompañar a las víctimas, no quieren ser escuchadas por la connivencia de los gobiernos y las empresas, sufriendo un proceso de extrema o doble violación de derechos. Por eso, hacen un llamamiento a la gobernanza global en los retos comunes.
Las distintas personas que intervinieron en la Jornada, organizada por la Plataforma por Empresas Responsables de la que forma parte «Enlázate por la Justicia», describieron la trayectoria recorrida en España por parte de las empresas en su comportamiento social, desde la voluntariedad o unilateralidad de las empresas que hacían beneficencia a nivel local, a los impactos de su actividad, los acuerdos marco y, ahora, las leyes vinculantes de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambientales. Poco a poco se integran otros elementos como la perspectiva de género, la transparencia, la educación sobre esta necesidad o la buena gobernanza para evitar la corrupción, siendo ayer el día de acción global contra los paraísos fiscales. Es fundamental que las empresas trabajen también por la acción preventiva en esta línea y se ha comprobado que esto solo es posible con la exigibilidad de una ley.
Se están abordando los contenidos de la ley en España porque ya hay una propuesta de directiva europea de mínimos. Parecen claros algunos apartados como los ámbitos de aplicación y protección, la definición de los conceptos involucrados y las obligaciones jurídicas, el reconocimiento de los derechos de participación en el diseño e implementación de las partes interesadas, los sistemas de supervisión y control público, las responsabilidades exigibles, el papel de los poderes públicos, el régimen sancionador, las acciones positivas para la contratación pública o la necesidad de medidas concretas de la ley en distintos supuestos.
En cualquier caso habrá que adaptar la ley española a las leyes de carácter supra-territorial, pero no podemos esperar más para actuar sobre la impunidad de las empresas en la vida de las personas y el planeta. Las empresas de las que hemos hablado hoy son las mineras Vale y Libero Cobre.
Si no debaten sobre leyes internacionales, el pueblo seguirá pagando el precio de la economía minera depredatoria". Marina
Extraen minerales para producir productos tecnológicos en Asia que llegan a Europa". Larissa
Se aprovecha cualquier situación para invertir las narrativas de los pueblos indígenas". Constanza